Como venezolano estoy indignado. Al parecer, no fueron suficientes las terribles justificaciones de la directiva de la Asamblea Nacional, y de algunos diputados, para entrar en receso parlamentario y no tratar la sentencia del TSJ referente a la culpabilidad de Maduro por delitos de corrupción, obviando de manera intencional y manipuladora lo establecido en el artículo 220 de la Constitución Nacional. Tampoco fue suficiente que luego de la presión de diputados comprometidos y ciudadanos, al volver del receso parlamentario por las medidas de Maduro el pasado viernes 17, no apareciera en la agenda del día el punto referente a la sentencia del TSJ, sino que también tuvieron las santas gónadas de torpedear a los diputados que impulsaron la discusión en esa sesión y al TSJ legítimo, descalificando y cuestionando su origen, composición y competencias.
Pues hablemos del TSJ legítimo, desmontemos la canalla mediática que líderes de tarima y diputados amnésicos han querido imponer ante la opinión pública por no querer asumir sus responsabilidades políticas y mucho menos, el mandato popular del 16 de Julio, porque esto no es un problema de bolas, es un problema de dignidad, y algunos carecen de ambas.
Señor diputado Omar Barboza, la comunidad internacional no tiene nada que reflexionar, lo que ocurre en Venezuela es un problema que ya tiene dimensiones internacionales y que afecta a la región. Los que tenemos que_reflexionar_, diputado Barboza, somos los ciudadanos y los partidos en dos cuestiones bastante específicas: ¿Por qué carrizo permitimos que por meros acuerdos partidistas se instaurara una directiva tan nefasta como la que usted preside? También debemos cuestionarnos ¿por qué no hemos presionado más a nuestra Asamblea Nacional y sus diputados para que cumplan con el mandato del 16 de julio y el 6 de diciembre?
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano es un poder legítimo de origen, a la par de la Asamblea Nacional, encargada por mandato constitucional de su nombramiento mediante los procesos internos y el análisis de cada uno de sus miembros, hoy magistrados, y aprobado en sesión del 21 de Julio de 2017. El nombramiento de 13 magistrados principales y 20 suplentes sustituyó a una parte del TSJ que en ese momento se encontraba en ejercicio, habiendo sido seleccionada de forma express por la anterior Asamblea Nacional, como medida arbitraria y política de la dictadura de Maduro ante la nueva composición del parlamento. Esos 33 magistrados, nombrados por la Asamblea Nacional en esa sesión, gozan del prestigio en el ámbito legal, así como también de las credenciales necesarias para desempeñar sus funciones. Muy al prestigio y currículo (en muchos casos prontuario) de los sustituidos que el chavismo había enquistado en el Poder Judicial.
Es un poder legítimo y debidamente establecido en toda su estructura, ya que cuenta con sus 32 magistrados principales que se encuentran trabajando en materia jurídica, por el restablecimiento de la institucionalidad venezolana. El 30 de julio de 2017, de forma inconstitucional, fue establecida la Asamblea Nacional Constituyente para usurpar a la Asamblea Nacional y sus funciones, como también para la redacción de una nueva Constitución que pretende dar entrada al Estado Comunal. Todos los magistrados (principales y suplentes) que no fueron nombrados por la Asamblea Nacional en 2017 renunciaron a sus cargos, hecho público y notorio para subordinarse a la ilegitima ANC. Estas renuncias de carácter voluntario hacen que automáticamente los 20 magistrados suplentes llenen los vacíos dejados por quienes decidieron abandonar el sendero de la legalidad.
Ya habiendo dejado claras las razones de sobra, acerca del origen, composición y establecimiento del único TSJ que existe para los venezolanos, no queda más que acompañarlo en todas sus decisiones, ya que tiene todas las competencias que le otorga la Constitución en carácter jurídico, operacional y administrativo a fines internos y externos, para llevar la bandera del restablecimiento de la justicia en el país. Un TSJ que ha sido reconocido por organismos internacionales en materia jurídica, por Estados en la región y fuera de ella, por organismos intergubernamentales, como es el caso de la OEA, por organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos venezolanos, no puede parar para complacer a 2 o 3 partidos políticos, mucho menos por ningún actor. Es que ni sesionar fuera de las fronteras venezolanas hace que sus decisiones no puedan ser aplicadas o carezcan de jurisdicción, pues en nuestro país existen precedentes reconocidos por el ordenamiento jurídico.
No existe duda alguna en las decisiones de este poder del Estado más de las que puedan generarse por voz de quienes aún se rehúsan a reconocer la naturaleza de nuestra crisis y han obviado el sufrimiento de los venezolanos. Muchas veces por mera estrategia partidista acomodaticia, otras veces por intereses meramente personales que nublan su accionar político-partidista, así como también los diferentes acuerdos que puedan emanarse en la Asamblea Nacional. Aún tienen pendiente, compañeros diputados, llenar el vacío del ejecutivo tal y como ordena la Constitución.
No más guabineo.
Fernando Marcano, coordinador de Organización de Aragua.
@FSMarcano.