La calidad de vida es un término multifactorial que evalúa el grado de bienestar y por ende la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, uno de los ítems fundamentales para su medición es precisamente el derecho humano a la alimentación Adecuada, reconocido a nivel universal por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11 párrafo 2, cuyos componentes de acuerdo con el Comentario General 12° de dicho tratado son los siguientes: disponibilidad de los alimentos en el mercado, estabilidad en la oferta de alimentos a lo largo del tiempo, accesibilidad de todos los ciudadanos tanto en términos económicos como físicos, sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales y adecuación en la alimentación, que debe ser suficiente y nutritiva para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.
Visto lo expuesto, es necesario establecer que el régimen comunista venezolano es un violador del derecho humano a la alimentación adecuada, al incumplir con los componentes necesarios para su garantía a saber: la disponibilidad y estabilidad en la oferta de alimentos al evidenciarse períodos pronunciados de escasez, originados por los controles del mercado y las expropiaciones de tierras y empresas anteriormente productivas las cuales están sumidas actualmente en el abandono; ni la accesibilidad en razón del proceso hiperinflacionario que hoy padecemos, el cual constituye el más terrible de los impuestos a la sociedad; ni la sostenibilidad por la depredación de nuestros recursos naturales, ni mucho menos la adecuación siendo que la ingesta de calorías de la mayoría de la población se basa en carbohidratos y grasas, aumentando los niveles de desnutrición.
Pero el peor de los crímenes que ha cometido la dictadura comunista es subyugar a nuestros ciudadanos a la recepción de una caja de comida importada, cuya entrega es cada vez más incierta, para mitigar el hambre, la cual no cumple con los estándares mínimos de nutrición; siendo el dictador quien elige qué, cuándo y cuánto consumir, anulando completamente la libertad de elección de los individuos.
Asimismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) (organismos para-estatales que discrecionalmente se encargan de la distribución de las Cajas de Alimentos importados), funcionan en la práctica como un mecanismo de extorsión y chantaje político, al excluir de su cobertura a individuos que son “enemigos de la revolución”, causando resentimiento y odio entre vecinos.
Nosotros, desde Vente Venezuela, denunciamos al mundo el uso político que el régimen está realizando con el pretendido programa social CLAP, que en realidad funciona como un aparato para controlar la conciencia de los venezolanos y acallar cualquier voz crítica que surja en las comunidades. Llamamos a la verdadera UNIDAD de propósito para hacer frente a la dictadura comunista y detener la crisis humanitaria que hace estragos entre los ciudadanos más vulnerables.
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