Se atravesó la pandemia y muchos la celebran en las universidades. No precisamente, los estudiantes y profesores que hacen de tripas corazón, para intentar salvar el año lectivo tan severamente afectado. Simple: el régimen ideó y dijo aplicar una sentencia (la famosa 0324), dándole un plazo a nuestras casas de estudios para que hicieran sus elecciones, pero – eso sí – de acuerdo a sus instrucciones. En medio del crónico déficit presupuestario, el asedio de la delincuencia común o el deterioro de las plantas físicas, por no hablar del vandalismo más escandaloso que se ha cebado en la UDO, la universidad se ha dividido, gracias a las hábiles maniobras de la usurpación y su triste ministro de Educación Superior. Se hacen las elecciones de acuerdo al mandato del artículo 109 de la Constitución y la Ley de Universidades, en una clarísima defensa de la autonomía universitaria, o se hacen las elecciones según el espurio fallo judicial para las cuales se cuentan con numerosos colaboracionistas encubiertos y al descubierto.
Este ha sido el asunto que sigue vivito y coleando, a pesar del Coronavirus. Podemos hablar de las tablas salariales de los profesores que pasan hambre, de la educación virtual o de lo que sea, pero el problema y la tragedia que vive la universidad venezolana se mantiene en pie, intacto y más temprano que tarde, habrá que encararlo. Se atravesó la pandemia y corriendo la arruga, respiraron de alivio los colaboracionistas tratando de ganar tiempo para un arreglito con el madurismo. Pero otros, seguimos muy pendientes del asunto.
La Fracción Parlamentaria 16 de Julio acaba de meter a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Universidades que es una iniciativa de la sociedad civil (Aula Abierta). Y lo hicimos por varios motivos: no es posible recoger las miles de firmas necesarias para que el proyecto vaya por iniciativa popular al parlamento; Aunque coincidamos y discrepamos en algunos aspectos de la propuesta, es una falta de respeto “agujerear” con él y no incorporarlo a la discusión, engañando a sus promotores; y porque sabemos en qué consiste nuestras funciones de representación ciudadana. En este sentido, no estamos ausentes del debate político sobre los más urgentes, de los urgentes problemas del momento, como los casos de Guanare o de Macuto, el Covid-19 y la irresponsable orfandad de información sobre el curso que prosigue, los precios petroleros, las fallas eléctricas, etc., pero tampoco sobre las tareas que algunos subestiman, como las que obligan a la mismísima supervivencia de la universidad en Venezuela frente a los desmanes de la tiranía socialista. En esto consiste la labor de todo parlamentario serio: atender todos y cada uno de los problemas que aquejan a sus representados, organizándose con sus colegas en varios tableros. Yo estoy pendiente de la violación de los Derechos Humanos en la ciudad de Portuguesa o del rollo en que se ha convertido la recuperación de los bienes y activos venezolanos en el exterior, pero también de lo que pasa (y a diario) en mi estado Monagas y las universidades por ejemplo. No hay diferencias entre los problemas supuestamente de primera y los de segunda, pues todos son problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Ahora bien, mientras tanto, ¿Duermen las autoridades universitarias? ¿Esperan que el Coronavirus les resuelva el drama? ¿Se hacen los locos los colaboracionistas para hincarle el diente a un posterior acuerdo de cohabitación con los socialistas?
@JuanPabloGve