El coordinador municipal de Vente Urbaneja adujo que no se puede añadir más cargas a los personas de la ciudad, afectados por el estado de devastación económica
(Lechería. 4/05/2020) El coordinador del partido Vente Venezuela en el municipio Urbaneja, Pedro Galvis, fijó posición en torno a la propuesta elevada por la primera autoridad civil de la ciudad ante el Concejo Municipal, para solicitar la reforma de la ordenanza municipal sobre el aseo urbano, que conlleva un aumento en las tarifas del servicio, donde el dirigente aseguró que “es ilegal el aumento de las tarifas del aseo urbano para justiciar el gasto del usurpador de Lechería”.
Galvis expresó que estas medidas no le brindan tregua a los ciudadanos y empresas de la ciudad, que se han visto severamente afectadas por la crisis económica generada como consecuencia de años de políticas socialistas que han destruido al país y que se ha agudizado a raíz de la llegada de la pandemia (virus chino) y por las medidas implementadas para combatirlo.
El líder del partido de la libertad calificó de saqueo el aumento desproporcionado de los impuestos desde las írritas autoridades del Consejo Municipal y Alcaldía de Urbaneja, que solo buscan financiarse a través del trabajo de los ciudadanos.
«Son momentos de ser empáticos, ponerse los zapatos del ciudadano y mostrar mayor solidaridad ante las dificultades por la que están atravesando los venezolanos», afirmó el Coordinador Municipal.
A su parecer, es inoportuno proponer un incremento en la tasa de los servicios públicos, justo ahora cuando la economía de las familias y de las empresas, están siendo afectadas por un proceso de estanflación, producto de la sistemática caída del producto interno bruto, la hiperinflación y devaluaciones progresivas.
El dirigente del partido liberal fue enfático al señalar que el principal deber de un gobernante responsable es el consustanciarse con las necesidades de la gente y resolverle sus problemas en general.
Adicionalmente dijo entender las dificultades presupuestarias por las que están atravesando las ciudades para mantener el funcionamiento de los servicios, pero insistió que no es momento de añadir una carga adicional a las personas de la ciudad.
El dirigente cuestionó el poco tiempo de la convocatoria para apresurar una decisión de esta naturaleza”. Si bien es cierto que es potestad del Concejo fijar el lapso para la consulta pública, ellos carecen de legitimidad para realizar dichos actos, además de confundir la convocatoria con la consulta», destacó.
Galvis recordó que el municipio tiene la responsabilidad de impulsar y promover la participación ciudadana en el ejercicio de sus actuaciones, y crear los mecanismos necesarios a tales efectos como establecen la Constitución y las leyes.
Considera que el Concejo Municipal está en mora respecto al cumplimiento de su propio reglamento de interior de debates, en específico las disposiciones contenidas en el artículo 79, parágrafo segundo y articulo 104, para dar publicidad a sus actuaciones y facilitar la participación ciudadana.
Por último Galvis argumentó que esta omisión trae como consecuencia la nulidad de los instrumentos jurídicos emanados del concejo municipal, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 266 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.