Al hilo del planteamiento que aquí llevamos, es de considerar el compromiso que tiene todo individuo integrado en ejercicio de ciudadanía en asumir la concreción de un Estado concebido bajo principios de responsabilidad compartida. Es así, por cuanto el Estado es expresión de la ciudadanía organizada con base a reglas jurídicas que a la vez, se inscriben en principios de progresividad, favorabilidad y expectativa plausible comprendida esta última en la necesidad de perseguir los fines emanados de dicho Estado, a saber: Justicia, bien común y seguridad jurídica.
En consecuencia, las reglas en derecho, denominadas normas jurídicas, necesariamente deben ser concebidas para desempeñarse en ese abanico que encierran los prenombrados principios, al denotar el equilibrio que ellas deben guardar en aras de cumplir con las garantías en bienes de tutelas efectivas en el todo social.
Para ciertas corrientes de pensamiento y de quehacer político ese apuntamiento obedece al planteamiento idealista que solo busca la protección de ciertos intereses. Nada más ajeno a la realidad por cuanto el origen de la orientación en cita, obedece a la experiencia surgida de la vivencia humana reducida en palabras de Recasens Siches como «Vida humana objetivada», a saber de la naturaleza misma de la fenomenología inherente al ser humano integrado en un conglomerado organizado en rechazo a todo tipo de caos.
De manera pues que, el desempeño de la naturaleza humana desde tiempo inmemorial impuso la necesidad de concebir los principios rectores del imperio de la ley derivado de su esencia: justa, buena y otorgada para brindar seguridad.
Asdrubal Romero Silva
Secretario político de la DEM Barinas