La aparición y expansión del Coronavirus (COVID-19), al igual que la previsión de sus consecuencias, permite probar la existencia y eficacia, consistencia y eficiencia institucional de los países que han adoptado las medidas correspondientes. Inevitable contraste, luce muy diligente Corea del Sur respecto a Corea del Norte de la que todavía poco se sabe y cuyos estragos van filtrándose.
Obvio, el gobierno de la usurpación ha anunciado la mínima providencia a la que le obligan las circunstancias, aunque los venezolanos sabemos y debemos asumir enteramente esta otra prueba de supervivencia en el marco de las ya consabidas precariedades. Mal síntoma, suscrito el decreto de Estado de Alarma al culminar la semana laboral, todavía no conocemos de la Gaceta Oficial, resignados a la videoconferencia con gobernadores y protectores (SIC) de los estados bolivarianos que avisa de la particular conformación alcanzada por el Estado en este lado del mundo. Por cierto, reportando la no menos particular y obstinada versión que ofrece de las realidades aún en medio de una coyuntura tan peligrosa.
La claridad de los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución en torno al Estado de excepción, género al que pertenece el decretado Estado de Alarma, remite la materia a la Asamblea Nacional y, a la vez, confirma la invulnerabilidad de los derechos fundamentales. Aspecto éste, además, para que no haya duda alguna, que precisa el artículo 7 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción en el campo de los derechos humanos.
Conscientes de la muy peculiar situación institucional venezolana, acaso, nuestra mayor vulnerabilidad, es necesario cuestionar el llamado a la unidad y al diálogo nacionales que determinados sectores de la oposición nominal lanzan, frente a un régimen que no hace concesión alguna por peores que sean las actuales circunstancias; el enfoque de un asunto de seguridad de la nación que, siéndolo, ha de tener un mayor y decisivo énfasis en la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, directamente expuestos a una enfermedad, epidemia o pandemia novedosa; y el cercenamiento mismo de las libertades esenciales, como la de expresión, pues, el decreto en cuestión levanta legítimas sospechas o suspicacias. Lógico, la novedad plantea un distinto desafío para la encargaduría presidencial de Guaidó.
En el mismo Estado de excepción en el que nos encontramos, desde hace varios años, absolutamente schmittiano, es fácil apelar a las consignas, aunque – intuición y convicción generalizada – todos y cada uno de los venezolanos debemos afrontar el momento como mejor podamos, con los recursos que dispongamos, confiados en Dios. La sola perspectiva de seguridad de la nación, sustentada en la noción de amigo-enemigo, está alejada de la realidad personal y familiar de los venezolanos que responden con serenidad, equilibrio, ponderación y, en última instancia, fe, en rechazo de cualquier tentación manipuladora en tiempos cuaresmales.