(Caracas. 06/05/2019) En las actuales circunstancias que vive Venezuela y ante la demanda ciudadana que exige libertad, invocar mecanismos como el tratado de asistencia recíproca (TIAR) o el principio de Responsabilidad de Proteger de Naciones Unidas (R2P) para que junto al Artículo 187-11 de nuestra Constitución Nacional se autorice una coalición militar internacional que venga en auxilio de la población, luce además de sensato, urgente.
El tiempo que se invierta en tomar las decisiones que en definitiva pongan fin a esta tragedia humanitaria no puede o al menos no debería pensarse en función de cálculos políticos, pues el momento venezolano impone la ética de la urgencia para salvar vidas amenazadas por un sistema de mafias que ostenta el poder, lo que obliga a todos cuanto tengan responsabilidad en la resolución de este conflicto a proceder conforme a este principio para salvaguardar la vida de una población que hoy por hoy es víctima de genocidio y cuyo amparo debe signar el norte de todas nuestras actuaciones.
Para la causa libertaria venezolana el tiempo pasó a ser un elemento de ineludible consideración, pues en el orden social, la resolución tardía de estos conflictos se paga con vidas y siempre será la vida de los más vulnerables las que cargaran con las consecuencias de esta inacción. En Venezuela los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas sufren en carne propia las consecuencias de la emergencia humanitaria, que aunque afecta a todos, se ensaña contra algunos, y encuentra en esta población sensible un desenlace fatídico, para ellos el tiempo no es relativo, para ellos el tiempo es sinónimo de vida.
Evaluar es este momento país la pertinencia o no de autorizar una coalición militar para que resguarde la lucha libertaria venezolana librada por una ciudadanía en contra de un estado delincuente no debería ser causa de división si se reconociera la naturaleza criminal del adversario y si el objetivo realmente fuera detenerlo. Esto a juicio de expertos y con el simple uso del sentido común salta a la vista. No se puede pretender mediar, negociar, dialogar con delincuentes y después esperar que honren su palabra, son veinte años pidiendo rectificación, y aunque resulte irónico, debemos preguntar ¿acaso no han sido suficientes?
Lo que si resulta discutible en este momento, son los mecanismos para resolver la situación una vez reconocida su naturaleza; ya advertido que nos enfrentamos a un estado criminal que asesina si piedad a quien lo enfrenta, pero que además extermina deliberadamente a la población cuando deteriora su calidad de vida colapsando los servicios públicos, negando el derecho a la salud y a la alimentación, queda claro también que el dialogo no es una herramienta para entenderse con estos criminales, por lo que se requerirá de fuerza.
Los venezolanos conocemos nuestros problemas porque los padecemos, es hora de que debatamos sus soluciones y bien sabemos que nuestra libertad pasa por acabar con este cártel criminal que atenta contra nuestro derecho a la vida y que además muestra en cada acción cuan dispuesto está a lanzar sus armas contra la humanidad de ciudadanos indefensos que ejercen su derecho a la protesta, de allí que reconozcamos que solos no podemos.
El tiempo destinado para ser libres es ahora, la necesidad de ser libres está presente y la oportunidad de liberarnos ha llegado, por ello no podemos darle tiempo al régimen para que acabe con nosotros. Mecanismos como el TIAR y el R2P tienen como características ser instrumentos externos de amplio radio geopolítico, jurídico el primero y moral el segundo, que pueden ser invocados para generar presión necesaria que remueva las cimientes de este sistema de mafias que hoy nos consume. Aun cuando ambos instrumentos actúan por sí solo, es decir no son vinculantes encuentran en el caso venezolano específicamente en el artículo 187.11 de nuestra constitución una norma interna que los complementa y que al ser activada lo convierte en la repuesta política del parlamento venezolano para solicitar la cooperación militar internacional que contribuya finalmente al cese de la usurpación.
Urge por tanto emprender las acciones necesarias que permitan superar de raíz esta crisis que ya no es de naturaleza política sino criminal y que hoy sacude a Venezuela exponiendo los rostros de sus víctimas ante el mundo, esto constituye lo éticamente urgente y solo podremos lograrlo con un decidido respaldo internacional, y una expresa solicitud del parlamento venezolano que autorice este lo autorice.
Posponer, dilatar, procrastinar nuestra libertad por cálculos o componendas políticas también podría ser calificado como un delito de lesa humanidad. En el caso venezolano una acción tardía traería más muertes generando un riesgo de supervivencia para la sociedad. El momento para liberarnos tiene que ser ahora porque en Venezuela, El Tiempo También Mata.
@DignoraHernandz