Si algo ha padecido nuestra República es la ineficiencia de los servicios públicos que – más allá de martirizar al ciudadano día a día – lo ha condenado a limitar su vida a la mala prestación de los mismos. En Venezuela la planificación para el desarrollo con énfasis en los servicios públicos ha sido letra muerta en las últimas décadas. Páginas y páginas de buenas intenciones -de hombres bien intencionados, enamorados de su gentilicio y Nación –se han tornado amarillas y polvorientas en bibliotecas de inexistentes instituciones. Todo porque privó la inmediatez, aunado a la falta de continuidad administrativa, a la planificación colectivista y a la corrupción.
En la Venezuela Liberal, como todos aspiramos que lo sea muy pronto, el Estado tendrá la responsabilidad de la planeación a largo plazo sobre la base de los principios que sustentan la filosofía del liberalismo. El Estado habrá de producir políticas estructuradas y coherentes en función de los mejores servicios públicos posibles de acuerdo a las necesidades de la población y de los proyectos para el desarrollo, así como diseñará los objetivos y las estrategias para alcanzarlo. La asignación para la ejecución de esos planes y proyectos recaerá fundamentalmente en la empresa privada, que se hará acreedora a tan importante misión por intermedio de licitaciones transparentes, subastas públicas o cualquier otro mecanismo; para garantizar así, la idoneidad de la selección de las empresas y la concesión de las obras o servicios. El Estado, por intermedio de una adecuada gestión pública, será garante de la ejecución de los presupuestos y de la supervisión de lo planificado vs. lo ejecutado.
En la República Liberal por venir el Estado tendrá mínima participación, permitiendo que las capacidades y habilidades de personas y empresas se antepongan a aquellas del gobierno; que todo servicio prestado sea pertinente, eficiente y productivo en un ambiente donde prive el ganar – ganar: para el ciudadano, para el prestador del servicio y para el Estado, que lo promueve y planifica.
La prestación de los servicios públicos, así como de todas las demás funciones del Estado serán descentralizadas. Empresas privadas, especializadas, idóneas y competentes, tendrán la responsabilidad de ofrecer servicios públicos de calidad a precios que realmente le representen valor al ciudadano. Y será en función del bienestar de ese mismo ciudadano -lejos del difuso colectivismo -que la gestión pública liberal centre todos sus esfuerzos y capacidades para la adecuada supervisión de estrategias y presupuestos; alcanzándose de esta manera la anhelada prosperidad del venezolano, y por ende, el desarrollo nacional.