(Trujillo 07.09.18) El 17 de Enero de 1903 el SMS Panther de bandera alemana encallaría en los bancos de arena del Lago de Maracaibo quedando a tiro de los cañones Krupp (de fabricación alemana) de 80mm del Castillo de San Carlos manipulados por los artilleros venezolanos Manuel Quevedo y Carlos José Cárdenas quienes abren fuego dejándolo severamente averiado. Tres días más tarde, el SMS Vineta arriba a las costas de la Península de San Carlos y abre fuego durante 8 horas contra el castillo, dejándolo un saldo de 40 muertos y la destrucción casi total del castillo. Este constituiría parte de uno de los episodios más celebres del uso de la diplomacia de cañonero en el territorio venezolano.
La gunboat diplomacy o diplomacia de cañonero consiste en la amenaza de uso de la fuerza por parte de Estados con considerable musculo militar e históricamente fue utilizada por las potencias Europeas sobre países menos desarrollados para la conquista de objetivos geopolíticos. Constituyendo esta práctica una violación al principio de no intervención cuyo origen se remonta al concepto de Soberanía Westfaliano.
El siglo XX fue testigo del desarrollo del Derecho Internacional y la Diplomacia a tal punto que dichas prácticas fueron paulatinamente reemplazadas por herramientas más sanas para la resolución pacífica de conflictos. De la misma manera, la humanidad atestiguo flagrantes atropellos a la dignidad humana. Atropellos que pueden ser fácilmente identificables en la masacre de Srebrenica, el conflicto armado en Kosovo y la masacre de Rwanda.
Estos fracasos protagonizados por la comunidad internacional representada bajo la figura de la Organización de Naciones Unidas impulsarían una reinterpretación del principio de no intervención que culminaría en la creación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger.
Dicha doctrina coloca sobre los Estados una responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de violaciones masivas de Derechos Humanos. En el caso de que a estos se les imposibilite o se nieguen a cumplir con sus obligaciones, la comunidad internacional (en especial aquellos países que –haciendo referencia al capítulo VIII de la Carta de la ONU- comparten nexos regionales con el Estado afectado en cuestión) tendrá una responsabilidad secundaria de intervenir en estas situaciones para detener el sufrimiento de los ciudadanos del Estado afectado. Esta última posibilidad puede tomar la forma de intervención diplomática o intervención armada si el caso lo ameritare.
América y la responsabilidad de proteger frente a Venezuela
La historia reciente en Venezuela ha demostrado que el Estado venezolano cubre ambos espectros del supuesto de hecho necesario para “activar” la responsabilidad de proteger (llámese la inhabilidad o negativa de cumplir sus obligaciones internacionales relativos a derechos humanos). El régimen ha mostrado su rostro totalitario al hacer excesivo uso de la fuerza para reprimir cualquier foco de descontento. Utilizando además el aparato gubernamental para perseguir y amedrentar a quienes se le oponen. Aunado a esto, la nefasta política económica que no has convertido en el punto de origen de lo que distintos medios del mundo llaman la crisis migratoria más grande en la historia de la región, convirtiendo la situación venezolana no solo en un problema de nuestros ciudadanos, sino también, en una amenaza para la estabilidad de la región.
Atendiendo esta coyuntura, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez expuso en dos minutos sus argumentos para una intervención en Venezuela. Durante su discurso en la plenaria del Senado Colombiano expreso la necesidad de realizar una “intervención legal” en Venezuela, citando como fuente de derecho el marco interamericano y global de protección a los derechos humanos y la democracia.
Es importante destacar dicho discurso debido a que podría responder a un análisis más sólido del marco internacional para la intervención a países en crisis. Sin embargo, es importante acotar que el senador Uribe Vélez no menciona que los medios diplomáticos han sido agotados y la mediación entre gobierno y oposición ha sido infructífera.
Los esfuerzos regionales para lograr una situación mediada solo han dado como resultado la legitimación de un régimen que año tras año demuestra un criminal irrespeto hacia sus obligaciones internacionales.
El precedente histórico que la gunboat diplomacy dejó en las Repúblicas latinoamericanas parece servir al régimen aún como un recurso discursivo para evitar a toda costa pagar las consecuencias de sus atropellos hacia la dignidad humana.
Necesitamos que las Américas comprendan que más que una diplomacia reforzada, Venezuela necesita apoyo irrestricto a su deseo de libertad. Ese apoyo irrestricto pasa por asumir su responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Venezuela y detener de manera efectiva el sufrimiento y las violaciones de Derechos Humanos que en Venezuela acaecen.
La Doctrina de la Responsabilidad de Proteger se ancla en la premisa de que la comunidad internacional debe tomar todas las medidas necesarias para detener el sufrimiento de los seres humanos sometidos a un régimen que irrespeta los derechos humanos y las libertades básicas. Si América quiere cumplir dicha premisa, debe por todos los medios colaborar con la dimisión efectiva e inmediata del régimen encabezado por Nicolás Maduro.
Christian Moreno
Coordinador Regional Vente Trujillo