Venezuela sufre y vive una crisis alimentaria, la cual se manifiesta en las restricciones en el acceso a bienes fundamentales para los seres humanos, el consumidor se enfrenta al siguiente problema cuando sale a buscar los productos con precios regulados, pero como existe desabastecimiento, terminan por comprar a precio de lo que marca la etiqueta. Esto ha generado un brusco golpe a la población: madres que no tienen cómo darle de comer a su hijo, padres a los que no le alcanzan el salario para llevar un buen mercado al hogar, personas que a diario comen de la basura. La falta de comida o alimentos para satisfacer las necesidades de las personas en nuestro país se ha vuelto un tema de salud pública y como consecuencia, un tema de crisis política produciendo momentos de incertidumbre e inestabilidad institucional, generando desconfianza, tensiones y esto a su vez, desencadena acontecimientos político-social como las protestas por falta de comida, de un sueldo-salario que no alcanza para poder cubrir la demanda de la canasta básica (necesidad de calorías de un hogar promedio).
Sin embargo, la «mejor» política que ha llevado el régimen para apalear esta crisis ha sido la del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap); a algunos les llega y a otros no, ¿problema de inclusión? Pero el problema no es que te llegue o no, el problema es que exista una bolsa y no la posibilidad de comprar lo que quieras.
La política de alimentación debería formularse como parte integrante de los planes de la nación y ejecutarlos expresamente mediante programas debidamente coordinados con una visión sistemática, el objetivo es asegurarse que se tenga en cuenta las implicaciones y repercusiones nutricionales en el consumo de los alimentos. Es necesario y de extrema urgencia definir, diseñar y poner en práctica una Política Nacional de Alimentación y Nutrición.
La onda expansiva generada por la situación catastrófica de la economía en Venezuela impacta sobre la crisis alimentaria que desde el 2013 el país viene sufriendo, una grave crisis institucional y financiera. La escasez de productos básicos ha repercutido durante estos últimos años creando la peor crisis alimentaria y humanitaria de nuestros tiempos y a su vez, esto propicia la huída hacia la fronteras de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, entre otros.
En consecuencia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 305 y 156, habla de la garantía de la seguridad alimentaria de la población: “Es obligación del Estado reconocer el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, la desnutrición y a la alimentación, así mismo garantizar medios de alimentación y nutrición a todas las personas, hasta el máximo de los recursos de los que dispongan, incluyendo la de la cooperación internacional”.
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Yraida Velázquez
Coordinación Estadal de Asociaciones Ciudadanas.