Uno de los sub-sectores agrícolas más afectados en Venezuela es el de la producción de carne. Antes de llegar el chavismo al poder, la producción nacional de carne de res se había logrado estabilizar y alcanzaba para cubrir el consumo total de los venezolanos. Para el año 1.998 teníamos un consumo de aproximadamente 17.6 kgs per cápita, correspondientes a 411.269 Toneladas de carne anuales producidas en su totalidad por ganaderos venezolanos. No hacía falta gastar petrodólares importando carne desde Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Nicaragua y otros países, ya que teníamos absoluta soberanía en este rubro.
Antes de aplicarse la “receta revolucionaria”, el sector cárnico venezolano se encontraba en crecimiento permanente, fortalecido, produciendo, procesando y distribuyendo toda la carne que nuestro país requería. Hoy día la situación es completamente distinta, ya que el experimento chavista-comunista nos está dejando un sub-sector cárnico disminuido, en el que un gran número de ganaderos han dejado de producir y la mayor parte de los mataderos y muchas carnicerías están trabajando por debajo de su capacidad instalada o han cerrado debido a la situación que les ha tocado enfrentar.
La mayoría de las decisiones tomadas por el chavismo han sido negativas para la producción de carne. Un ejemplo palpable lo significó la promulgación de la nefasta Ley de Tierras, que amparó la confiscación de fincas productivas, que una vez en manos del régimen fueron convertidas en tierras ociosas. Más de 4 millones de hectáreas, anteriormente dedicadas a la producción ganadera, fueron confiscadas, destruidas y convertidas en campos desolados e improductivos.
Otra decisión que afectó la producción de carne en Venezuela fue la implementación de controles que fijaron precios de venta por debajo de los costos de producción, golpeando a los ganaderos que se mantenían en la actividad, obligándolos a reducir gastos, especialmente en tecnología, mejoramiento genético, infraestructura, maquinaria y mantenimiento, afectando la producción y generando su disminución.
La política de control llevó los precios de la carne a niveles inferiores a los demás tipos de carne (aves, cerdos y pescados), motivando a la población a incrementar el consumo de carne de res, que pasó, en menos de 3 años, de 17.6 a casi 22 kilos per cápita. Ante la imposibilidad de cubrir este incremento del consumo con producción nacional, la decisión oficial fue incentivar la importación de carne, otorgando facilidades a los importadores (como dólares preferenciales y la eliminación de aranceles), que competían deslealmente con la producción nacional. Esta importación fue creciendo y sustituyendo la producción nacional, pasando de menos del 1 % en 2.003 a más del 54 % en tan sólo 5 años, llegando incluso a representar el 70 % del consumo nacional en los años de mayor bonanza petrolera. Por cada kilo de carne vendido en nuestro país, 700 grs venían del exterior y sólo 300 grs se producían localmente. Es decir, de los 24 kgs de carne a los que llegó el consumo de los venezolanos, sólo 7,2 kgs eran producidos por un debilitado sector ganadero nacional. Actualmente, ante la escasez de dólares debido a la caída de los precios del petróleo, los 16,8 kgs de carne que se importaban ya no vienen y sólo nos quedan los 7,2 kgs de producción nacional, que, por supuesto, no alcanzan, convirtiendo a la carne en un producto escaso y de alto precio.
La manera de cubrir la demanda insatisfecha de la población, es a través del incremento de la producción nacional, que sólo ocurrirá cuando se tomen decisiones acertadas, ajustadas a nuestra realidad y dirigidas a mejorar las condiciones del sector productor, como por ejemplo la devolución, a sus dueños originales, de todas las tierras confiscadas, a quienes hay que facilitarles un plan de financiamiento a mediano y largo plazo que permita la recuperación de las fincas. También debe eliminarse el control de precios, permitiendo que rija la libre oferta y demanda, tal como ocurre en el resto del mundo. Es fundamental la eliminación de la ley de tierras, generando un nuevo instrumento legal que otorgue seguridad jurídica y garantice el respeto a la propiedad privada consagrado en la constitución nacional. De igual manera debe garantizarse la seguridad personal y patrimonial de los productores, controlando las bandas de secuestradores, extorsionadores, ladrones de ganado, etc., que actualmente operan con total impunidad en nuestro país.
Un nuevo gobierno debe poner el Ministerio de Agricultura y Tierras al servicio de la producción nacional, empezando por designar un Ministro, Vice-Ministros y Directores que sean conocedores de la materia agrícola y le den más importancia al tema sanitario, productivo, de infraestructura, de financiamiento, tecnológico, laboral y comercial, entre otras prioridades, que al tema de controles, divisas, importaciones y licencias que ha corrompido a los funcionarios y ha destruido nuestro aparato productivo nacional.
Las proyecciones de los organismos internacionales predicen que para el año 2050 la población mundial va a ser superior a los 9.100 millones de habitantes, lo que obliga a garantizar un aumento importante en la producción de varios productos básicos fundamentales. La producción anual de cereales, por ejemplo, tendrá que incrementarse en casi mil millones de toneladas. En el caso de la carne, su producción mundial debe incrementarse más de 200 millones de toneladas, hasta alcanzar un total de 470 millones de toneladas en 2050. Las posibilidades para alcanzar esas producciones dependerán del incremento productivo en los países en desarrollo, que deberán cubrir el 72 % de las necesidades alimenticias mundiales, frente al 58 % que cubren en la actualidad.
En el caso venezolano, según el INE, para 2050 la población será de 40.500.721 habitantes en base a la proyección del Censo Oficial 2011. Esto es 8.672.611 más de habitantes sobre los 31.828.110 de 2018. La única forma de alimentar nuestra población será con producción nacional, ya que el resto del mundo tendrá muchos problemas tratando de alimentarse a sí mismo y las posibilidades de importación serán restringidas y costosas. Ese es el gran reto: sumar esfuerzos y definir políticas acertadas que nos garanticen nuestra soberanía alimentaria. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Eso sí, todo depende de que se cambie el sistema político y económico que hoy gobierna a Venezuela, por un nuevo modelo donde se respete la propiedad privada, exista libertad de mercado, se respete la libre iniciativa y se garantice la seguridad jurídica y personal, entre otras cosas. El circuito cárnico venezolano, integrado por 140 mil productores, 53 mataderos industriales, 180 salas de matanza, 2.500 mayoristas, 6.000 supermercados y más de 10 mil carnicerías está a la espera de las decisiones acertadas que le permitan cumplir con su responsabilidad ante nuestro país y la historia.
Lic. Genaro Méndez Contreras
Expresidente de Fedenaga
Coordinador Político de Vente Táchira