En las distintas épocas de la historia se observa cómo el poder punitivo del Estado ha tenido contraposición u oposición de sus respectivos fines. Desde la antigüedad, la humanidad, en sus ansias por obtener mayor libertad, ha previsto un mecanismo de lucha y defensa por conquistar más espacios donde la dignidad humana es la bandera fundamental. El derecho a manifestar, la protesta, dicho de manera más coloquial, no se constituye sólo como un derecho humano fundamental, sino también como el medio idóneo para la obtención de los otros derechos que cada día son secuestrados por el Estado.
Es importante hacer mención que la protesta es la forma de expresión más natural que tiene la población frente a los gobiernos, cuyos motivos pueden variar desde luchas por la obtención de mayores derechos políticos, económicos y sociales, hasta el reconocimiento de un aspecto de la personalidad como la raza, sexo o de identidad sexual. También, la protesta es la expresión del descontento que puede tener la población hacia los líderes que los gobiernan, siendo en muchos casos el preámbulo al golpe de Estado, o a las luchas independentistas en la actualidad.
Es tan grande el poder de una manifestación pública, que los Estados modernos a través de tipos penales incorporados a las normas jurídicas buscan limitar y controlar este derecho, evidenciándose una expansión de un Derecho Penal Globalizado que tiende a criminalizar la protesta social en forma irracional, ilógica y violando de manera flagrante los derechos humanos de las personas. Visto desde esta perspectiva, el derecho penal es utilizado como un mecanismo de violencia institucional para etiquetar a las personas y aplicar figuras jurídicas tendientes a garantizar el poder de las clases poderosas y minimizando al máximo los derechos humanos de las personas que en gran medida luchan por el mejoramiento de sus condiciones de vida.
“Manifestar es una de las formas más relevantes de expresión social dentro de la democracia, a la que no es posible concebir sin espacios para el libre intercambio y debate de ideas y opiniones, o para las manifestaciones de disentimiento, interpelación a los poderes públicos, aspiraciones a alternativas de cambio o reivindicaciones ciudadanas de cualquier índole”. Erasmo Velázquez
En el mundo observamos el auge de este fenómeno jurídico, donde países tan disímiles como Francia y Turquía, o Argentina y Corea, aplican las normas jurídicas para reprimir toda expresión popular que busque la conquista de nuevos derechos.
Las formas de expresión de la protesta son tan bastas que se observan por ejemplo las multitudinarias marchas nudistas comunes en países europeos como Alemania, España o Italia, siendo común en los países árabes las antorchas humanas (inmolación como forma de descontento social) o los paros laborales activos en Japón y Corea del Sur, o las llamadas huelgas de hambre en países de América Latina como México, Perú o Argentina, las manifestaciones estudiantiles son también comunes en esta región donde hay mayores desigualdades entre el poder del Estado y el poder de la ciudadanía.
En Venezuela se ha venido cercenando dicho derecho, debido a la represión que el régimen actual ha ocasionado cuyo cenit han sido las acciones violentas evidenciadas en abril del 2002, febrero del 2014 y los lamentables hechos ocurridos entre abril y julio de 2017 que dejaron decenas de muertos y miles de heridos, y numerosos detenidos.
En Venezuela, desde el ascenso al poder del régimen chavista, han proliferado las manifestaciones públicas, datos recientes de la Organización Social Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que entre enero y marzo del 2018 realizó una investigación donde sostiene que se han realizado 2.414 protestas, cifra equivale a 26 protestas diarias en todo el país, que en comparación con el año pasado representó un incremento del 93%. La mayoría de estas se dieron principalmente por la ineficiencia del Estado en la prestación de servicios públicos, entre los que destacan la electricidad, el gas doméstico y el agua potable.
De acuerdo con esto, la tasa de represión de dichas protestas es similar, y la cantidad de detenciones por parte del Estado Venezolano se duplica debido a la penalización de este derecho, aunado a la existencia de nuevas leyes (inconstitucionales) como la Ley del Odio.
La criminalización de la protesta social es “la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política”. Rodríguez.
Desde este punto de vista, la judicialización es vista como el conocimiento que tiene el sistema de justicia de los conflictos sociales cuya consecuencia es la renuncia del Estado al diálogo y la instauración de una política de represión que se aplica a los manifestantes con la “justificación” de resguardar el bien común de las personas.
Se forma el llamado Triángulo de la Represión (al que yo llamo Triángulo Socialista de la Muerte) donde el Ministerio Público, El Juez y los Órganos de Seguridad del Estado, en flagrante corrompiendo del Estado de Derecho utilizan el Sistema Jurídico (Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, Leyes, Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y Resoluciones de los órganos del Poder Ejecutivo de Venezuela) para silenciar el clamor del ciudadano.
Con el control de la mayoría de los Poderes Públicos, la Narco-Dictadura ha creado una red de normas que penalizan y criminalizan el derecho a la manifestación “satanizando” su enfoque, convirtiéndolo en una especie de derecho secuestrado.
También a lo largo y ancho del país y del mundo se observan casos ilustrativos (testimonios) de víctimas, presos políticos o exiliados que dan evidencia de la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela.
“La protesta es una de las pocas formas de generar fuertes cambios en las sociedades y es la forma de defensa que se tiene cuando fallan las políticas, las leyes y se impone la injusticia”. Erasmo Velázquez
Este primer artículo sobre la protesta está dedicado a todos aquellos inocentes que por luchar por sus derechos tiñeron con su sangre las calles de Venezuela y el mundo”.
@erasmov7