Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que los defensores de derechos humanos en países de América Latina trabajan en condiciones cada vez más adversas y son víctimas frecuentes de estigmatización oficial. Uno de los más “frecuentes obstáculos” es la criminalización de los defensores de derechos humanos y en algunos países hay una “creciente sofisticación” de los mecanismos para “impedir, obstaculizar o desmotivar” a los activistas, según el reporte. Esa es una realidad para los venezolanos. El ser defensor de los derechos humanos en un país como Venezuela, donde tenemos un gobierno autocrático que no permite la crítica, que no hables, ni pienses diferente, es difícil”.
La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano fue una grave reducción de la tutela de las víctimas y de la protección de toda la sociedad. En Venezuela, según cifras oficiales sólo el 3% de los casos de violaciones a los derechos humanos son presentados ante un juez. El resto de los casos terminan con sobreseimientos o archivos fiscales, configurándose un grave esquema de impunidad que asegurar a los criminales que no tendrán ninguna consecuencia por sus acciones delictuales.
Organizaciones como Amnistía Internacional afirman recientemente en relación al contexto de las protestas que se llevan a cabo en las calles venezolanas, haber recibido también “evidencias de material antidisturbios presuntamente alterado, insertando cartuchos con municiones como bolas de vidrio conocidas como metras, clavos, velas o vidrios rotos con el objetivo aparente de causar el mayor daño posible”.
Asimismo las denuncias incluyen, detenciones arbitrarias. Como la de Marvinia Jiménez, arrestada y apaleada el 24 de febrero de 2014, cuando “estaba tomando fotos con su celular a vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana mientras estaban disolviendo una manifestación cerca de su casa” en Valencia, o Marcelo Crovato, colaborador de la organización Foro Penal Venezolano, detenido el 22 de abril, “cuando acudió a prestar sus servicios como abogado a la residencia de unos clientes” en Caracas. También se destaca las detenciones de líderes opositores, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, restricciones de salida del país a la diputada María Corina Machado, entre otros, circunstancias todas políticamente motivadas.
De igual modo, las violaciones quedan sustentadas en algunas decisiones del gobierno, como permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas facultándolas, además, para el uso de armas de fuego, otro intento de las autoridades por acallar las voces críticas, de igual modo con el colapso de los servicios públicos que mantienen a los ciudadanos esclavizados ante la escasez de productos, fallas eléctricas, contaminación del agua potable,
La censura y autocensura han sido la sombra de los medios de comunicación venezolanos durante muchos años, sin embargo, desde hace unos meses el avasallamiento a cualquier idea u opinión distinta a la que plantea el Gobierno Nacional actual se ha intensificado. El cerco mediático está cada vez más fortalecido, dejando muy poco espacio para la diversidad de fuentes de información a la ciudadanía. Cada día se estrechan los canales de información y, a su vez, se castigan y eliminan las vías alternas.
Además del condenable hecho de ejercer el periodismo con censura, los periodistas venezolanos también son objeto de persecución y agresión, tanto física como psicológica. Reporteros gráficos, ya sean pertenecientes a un medio o independientes, son constantemente agredidos por autoridades policiales y civiles armados, mientras tratan de transmitir información en marchas y manifestaciones. Muchos han pasado días en prisión y, al salir, no les han devuelto sus equipos, que están valorados en millones de bolívares y que son un recurso indispensable para su desempeño profesional, evidenciando así que el periodismo en Venezuela es una actividad que pone en riesgo la vida de quienes la practican.
Debido a los continuos y graves hechos de violación de derechos humanos que se producen diariamente en Venezuela, principalmente causados por el gobierno a través del las fuerzas del orden y la instrumentalización del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder de la ciudadanía debe organizarse, y demostrar a la comunidad internacional la realidad de una sociedad lacerada por la intolerancia, y desde cada espacio ejercer la presión y reclamo que reivindique el retorno de la democracia, la libertad y los derechos fundamentales a una nación que perdió el norte en manos inescrupulosas.
Twitter: @Daniel_Merchán