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El 4 de febrero de 1992, un comandante alzado depuso las armas porque sabía que ya no podía hacer más nada, y un gobierno democrático le garantizó su vida, y la de sus acompañantes, en aquella aventura.

Ese mismo militar ya convertido en civil y en jefe del Estado se volvió a rendir en aquel 11 de abril del 2002, y nuevamente, su vida fue resguardada y asegurada.

¡Cómo cambian las cosas! El mundo observó como el inspector Óscar Pérez se rindió y vimos como él y sus aliados fueron acribillados por las fuerzas policiales, militares y presuntamente paramilitares al servicio del régimen de Maduro.

Este hecho escandalizó a propios y extraños; vimos como políticos, artistas, periodistas y líderes de opinión de Venezuela y del extranjero condenaron el ajusticiamiento extrajudicial.

Se puede o no estar de acuerdo con el pensamiento o métodos de Óscar Pérez, pero nadie puede arrebatarle la vida a otro por el simple hecho de obedecer una orden, más cuando la víctima había expresado la voluntad de rendirse.

Y sin dejar de analizar la suposición de que algunos jerarcas del régimen, habían solicitado que se le capturase vivo, pero que en el devenir de los hechos hubo una contraorden.

La convención de los Derechos Humanos, los tratados de Ginebra, en todas las instancias y acuerdos suscritos por Venezuela, el Estado nacional se ha comprometido a ser garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Y, aunque los voceros de la dictadura se afanen en calificar a Pérez como un terrorista, él y los suyos tenían el derecho a ser respetados. Si se habían rendido no tenían por qué ser arrasados y masacrados con al final lo fueron.

Además, el hecho que sus deudos no puedan ver el cadáver de su pariente o familiar es otra violación de los Derechos Humanos. Los familiares sólo desean despedirse por última de vez de quién en vida fue padre, hijo, esposo y hermano.

Esto trajo como consecuencias que en la Morgue de Bello Monte un grupo de ciudadanos estén protestando y exigiendo la entrega del cuerpo de Óscar Pérez y de sus compañeros.

Más allá de las posiciones políticas de cada quien, en Venezuela se debe rescatar la humanidad. La moral debe ser colocada en la cumbre de nuestra pirámide de valores y comportamientos.
Lo que sucedió con Óscar Pérez es un hecho que resume una actitud estatal, la misma que se distinguió y mostró durante la represión estudiantil en años anteriores.

Las torturas, los acosos, los ajusticiamientos, las privaciones ilegítimas de libertad, todo son delitos de lesa humanidad, los cuales nunca prescriben, y quienes lo comentan tampoco podrán argumentar que estaban «cumpliendo órdenes».

Maduro no cree en las sanciones de los tratados internacionales en contra de los violadores de los Derechos Humanos, pero quienes juzgan en tribunales internacionales si creen en estos castigos y el día de mañana podrán creer que él se merece pagar por los crímenes cometidos hoy contra la sociedad venezolana.