Ciertamente, faltan todavía algunos meses para la presentación y discusión del Proyecto de Presupuesto de 2017, pero la nota no luce ociosa a la luz de las circunstancias políticas que se vislumbran. A la vez, extensos y breves meses, la consabida y agudizada crisis económica nacional que ya no admite un muy circunstancial alivio, como es el de contar con recursos sobrevenidos, imprevistos y, por siempre, insuficientes, para un gobierno que urge de una enorme distracción, como acostumbró, dibujando un escenario en nada favorable a su tozudez continuista.
El solo planteamiento oficial del proyecto, obligará de nuevo a una sinceración de la que cobardemente no ha sido capaz Maduro Moros, después de incurrir en el monumental fracaso que nos ha llevado a la crisis humanitaria, perfeccionando el legado. Los ministros del ramo, incluyendo el vergonzoso despacho de BCV que se ha esmerado en ocultar o tergiversar las cifras, deberán acudir a la Asamblea Nacional a admitir una situación que, legos y entendidos, comprenden cabalmente.
Un trámite natural en un Estado de Derecho que se tenga por tal, lo ha complicado absurdamente el régimen que, desde ya, trabaja por esos escenarios que le permitan descaradamente evadirlo. Lo peor es que, atentando contra la unidad del tesoro, dilapidando los distintos fondos que arbitrariamente creó y cuida de mantener bajo la más interesada confidencialidad, vendiendo el oro que repatrió estridentemente (sabemos ya cuál fue el motivopropósito), la situación luce evidentemente insostenible.
Luego, el proceso de discusión del presupuesto adquirirá una importancia política semejante al del revocatorio planteado, forzando al gobierno a un indispensable entendimiento con la oposición para detener el hambre que literalmente padecemos o a la aceptación de una reconducción del presupuesto de 2015. Acá no hay posibilidad alguna para una omisión legislativa u otro ardid que intente el TSJ, porque la Constitución de la República es clara e inequívoca en la materia.
Planteamos esta preocupación en el marco de la jornada de reflexión que convocó CEDICE recientemente sobre la realidad económica nacional, hallando una respuesta firme y decidida del colega parlamentario José Guerra, responsable de la subcomisión correspondiente en la Asamblea Nacional, fielmente apegada a la normativa jurídica. El debate presupuestario será determinante para el revocatorio, desenmascarado el gobierno, y, si por algunos de los innobles motivos que baraja para desconocerlo, efectivamente funcionan, reconfirmaremos la renuncia presidencial como la solución constitucional más acertada.
@LuisBarraganJ