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El 18 de octubre de 1945 a través de un golpe de estado es depuesto el presidente de Venezuela Isaías Medina Angarita, que a pesar que hubiese podido resistir, decidió entregarse a los golpistas para evitar un derramamiento de sangre. El presidente Medina se había puesto al frente de la discusión petrolera sabiendo que este tema determinaría el futuro de la republica dando como resultado de arduas negociaciones con el mundo empresarial petrolero la ley de hidrocarburos de 1943. El golpe que se lleva a cabo por la Unión Militar Patriota encabezada por Marcos Pérez Jiménez en complicidad con el partido Acción Democrática, y su principal personaje Rómulo Betancourt, estos últimos buscando “más democracia” y elecciones de primer grado, puesto que en Venezuela para la época las elecciones eran de segundo grado.

Este golpe de estado abre paso a una nueva visión y codificación del poder que se lamentaría casi inmediatamente y lamentamos hoy, puesto que la elite que se apodera del estado es de izquierda con una importante influencia marxista (que con los años cambia a socialdemócrata volviéndose grandes representantes de esta ideología), dando paso el 19 de octubre de 1945 a la Junta Revolucionaria de Gobierno y posteriormente a lo que se conoce en la historia de Venezuela como el trienio adeco. Para el 21 de octubre 1945 la Junta designa como ministro de fomento a Juan Pablo Pérez Alfonso quien destaca por ser un acérrimo estatista el cual se opuso siendo congresista a la ley de hidrocarburos de 1943. Cabe destacar que el Dr. Pérez Alfonso fue ministro de fomento lo que corresponde el trienio adeco 1945-1948 y durante el quinquenio de Rómulo Betancourt 1959-1964.

Casi inmediatamente el 31 de diciembre de 1945 se estableció un impuesto extraordinario que afecto a las petroleras y les aumento el pago del tributo cerca del 50% de sus ganancias advirtiendo lo que estaba por venir. Ya para 1947 se redactó un decreto-ley que fue aprobado y subía la tasa del impuesto sobre la renta de 9,5% a 26% lo cual sumando las regalías llevara el tributo a casi 50%. En 1947 es electo Rómulo Gallegos presidente de Venezuela manteniendo a Pérez Alfonso, este fija los 5 lineamientos cardinales de la política petrolera del trienio donde los más destacados son: (1) no otorgar más concesiones y (2) vigilar la participación de la nación en las ganancias de la industria. Pérez Alfonso posteriormente lleva a cabo un proyecto de ley de Impuesto sobre la renta que en su artículo 31 establecía el cincuenta-cincuenta siendo aprobado 12 días antes del derrocamiento de Rómulo Gallegos por su Ministro de Defensa Carlos Delgado Chalbaud. Frente al gobierno Delgado Chalbaud nombra brevemente al geólogo Pedro Aguerrevere y posteriormente a Manuel R. Egaña quien ya había sido ministro de fomento desde 1938 a 1941 en el gobierno del General López Contreras y quien renuncia luego del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud en 1952.

El 2 de diciembre de 1952 el Consejo Supremo Electoral fraudulento y con resultados falsos anuncia la victoria en las elecciones del Frente Electoral Independiente que postulaba a Marcos Pérez Jiménez quien realmente había quedado rezagado en dicha elección y quien había conseguido la victoria real fue Jobito Villalba con su partido Unión Republicana Democrática, el cual fue desterrado a Panamá el 15 de diciembre asumiendo como mandatario el Sr. Marcos Evangelista Pérez Jiménez.

Curiosamente aunque el gobierno del General Pérez Jiménez fue de mano firme, en el tema petrolero la visión fue muy alejada del purulento estatismo que se observó en el trienio adeco y él junto a su ministro de Fomento el Dr. Edmundo Luongo Cabello dieron paso a la entrega de concesiones. Cabe acotar que la mayoría de las concesiones fueron dadas a las empresas Creole, Shell y Mene Grande.

Es importante aclarar que a pesar que en el primer momento el otorgamiento de concesiones fue calificado en los peores términos por parte de Pérez Alfonso y Betancourt posteriormente el Sr. Pérez Alfonso declara:

«Derrocada la dictadura, la junta de Gobierno ordeno hacer un examen exhaustivo del otorgamiento de concesiones para verificar las irregularidades que se hubieran podido cometer. Hasta se contrató una firma de analistas consultores, la A.C.A de Venezuela. Para ‘escrutar cuidadosamente los records de todas las concesiones’ otorgadas en 1956 y 1957 y como hubiera podido esperarse, todo se encontró en forma y cumplidos los procedimientos pautados. Podría hasta reconocerse que nunca antes se procedió con tanta diligencia y método, y desde luego como queda dicho anteriormente, el rendimiento económico obtenido batió todos los antecedentes porque se recibió cien veces más por hectárea que lo recibido en el ciclo anterior de 1943-1944. La operación por lo demás fue hábil y oportuna…” (Rafael Arráiz Lucca, El petróleo en Venezuela, 1961).

Como podemos observar, el grito de Pérez Alfonso de traición a la patria contra las concesiones del gobierno de Pérez Jiménez en refutado por sí mismo años después.

El estatismo y la visión socialista ha estado en Venezuela por muchos años y desde casi siempre los gobiernos se han querido apoderar por completo de la renta petrolera, a través de la industria petrolera, dando pasos fuertes para que esta sea estatizada (salvo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez). Esto ha desembocado en que Venezuela padezca hoy de un socialismo que convirtió al Estado en un Estado Minotauro, el cual es un monstruo movido exclusivamente por el poder, que exige tributos sangrientos consumiendo la vida de la sociedad, esto con la determinante ventaja que le da la estatización de la industria petrolera al gobierno.

 Sin embargo, ya no es sorprendente que este sea el resultado de un gobierno socialista conforme a la predica de sus líderes e ideólogos. Cómo explicó Bertrand de Jouvenel:

«Engels y Lenin expresan que el Estado no es otra cosa que una máquina de opresión de una clase por otra, y ello es así tanto en una república democrática como en una monarquía. A través de las innumerables revoluciones cuyo teatro ha sido Europa desde la caída del feudalismo este aparato burocrático y militar se ha venido desarrollando, perfeccionando y reforzando… todas las revoluciones anteriores no han hecho más que perfeccionar la maquina gubernamental, en lugar de derribarla y destruirla».

De Jouvenel, agrega: “Sin embargo los socialistas contemplan complacidos como aumenta esta ‘máquina de opresión’, y en lo que piensan no es en destruirla sino en apoderarse de ella”.

Como podemos ver el apoderarse de la “máquina de opresión” sería mucho más fácil con el poder económico que significa tener las ganancias de la industria petrolera y poder usarlas como un cheque en blanco para conseguir cualquier fin propuesto sin límites.

En conclusión las concesiones en una industria petrolera desestatizada limitarían al poder. Las concesiones en una sociedad donde el Estado sea un instrumento para la justicia y donde reine el Estado de Derecho son más fructíferas para el desarrollo, la innovación y el progreso primero individual y luego comunitario donde el estado esté a raya. No solo las concesiones deben ser a empresas extrajeras las cuales poseen gran experiencia y pueden aportar tecnología e inversión, sino que también debe haber participación nacional privada que permita que nuestro sector se fortalezca y pueda ser renovado. No permitamos que la estatización de la industria petrolera sea de nuevo un caballo de guerra para la perversidad del socialismo y recordemos que “el poder del pueblo” no siempre es lo mismo que la “libertad del pueblo”.

Cortesía elcato.org