“Expropiar es robar”. Con estas palabras María Corina Machado expresó lo que millones de venezolanos sentíamos en ese momento: a quienes les expropiaron un fundo o una hacienda, producto del trabajo de varias generaciones. A los empresarios que les quitaron los negocios familiares que lograron trabajando por décadas. A los constructores que, creyendo en el país, compraron terrenos para construir inmuebles y que les fueron despojados o invadidos. Y todo esto sucedió y ha pasado en los últimos 15 años, con el apoyo del régimen y sin que se pagara nada o se indemnizara a nadie.
Esa inseguridad jurídica también ha convertido a Venezuela en uno de los países de más alta peligrosidad personal, y el segundo con más homicidios en el mundo, que nos colocan junto a Irak y Zimbabue. En el año 2013 hubo 24.753 muertes violentas, 79 por cada 100.000 habitantes. Y en materia económica, a pesar de las grandes reservas de hidrocarburos que tenemos y de un barril de petróleo con un precio de más de 100 dólares en los últimos años, estamos también muy mal. Por ejemplo, en el índice de competitividad del Instituto de Desarrollo Gerencial de Suiza, Venezuela aparece en el puesto 61 entre 61 países analizados; y en del Foro Económico Mundial, Venezuela aparece en el número 69 entre 101 países. En el índice de libertad económica que publica Heritage Fundation y The Wall Street Journal, Venezuela es 152 entre 157 países: y en el que publican conjuntamente los institutos Cato de Estados Unidos y Fraser de Canadá, Venezuela aparece como 124 entre 127 naciones.
Pero no solo “expropiar es robar”, robar es también restringir el acceso a las oportunidades, a estudiar la carrera deseada, a vivir en la ciudad soñada o a un futuro cierto, casarse y fundar una familia.
Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, entre 1.500.000 y 2.000.000 de venezolanos viven en el exterior, 90% salió en los últimos 15 años, con un repunte en los últimos 2 años. Son jóvenes 90% graduados universitarios, 40% con maestrías y 12% con doctorados, que se han ido debido al deterioro social y económico, a la inseguridad, por la inflación, la falta de ofertas laborales, por la incertidumbre y el desaliento en el futuro del país.
Juan Antonio tiene 27 años, es ingeniero en Informática desde hace cuatro años y trabaja en Cobeca, pero está tramitando sus documentos para emigrar a Canadá porque aquí ve truncado su futuro. No hay nuevas plazas de trabajo, ni nuevas empresas y con su salario no puede comprar una vivienda, ni un vehículo nuevo. Esto mismo les sucede a millones de jóvenes profesionales venezolanos que demandan mejor calidad de vida y que reclaman que este régimen les ha robado su futuro. Al preguntarles si están dispuestos a regresar, casi por unanimidad responden con un NO; pero dejan un margen de posibilidad “si cambian las condiciones”.
Por eso, nuestra lucha es por cambiar este régimen lo antes posible y expulsar a los ladrones que nos robaron el futuro.