El referéndum revocatorio presidencial del año 2004 marcó un antes y un después en el sistema electoral venezolano, cuando sin ninguna explicación se nos arrebató el derecho a contar manualmente la totalidad de nuestros votos en los procesos electorales, violándose con ello los artículos 63 y 294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Desde entonces, en el país ha existido una permanente sombra de duda sobre la veracidad de los resultados, que se ha ido incrementando en cada uno de los eventos comiciales ocurridos desde entonces.
Durante más de una década los venezolanos hemos trabajado para implementar elementos ciudadanos de monitoreo sobre el sistema electoral en nuestro país. A pesar de ello, este último resulta una caja negra para los actores directos del proceso: los electores. Por diversas razones comenzamos a defendernos de quien debía ser el garante de que nuestra voluntad fuese respetada: El Consejo Nacional Electoral (CNE). Cada proceso electoral se convirtió en una especie de juego de ruleta rusa, al mismo tiempo que tuvimos que dedicar enormes cantidades de horas de trabajo para visualizar por dónde atacaría el sistema electoral la voluntad real de los venezolanos expresada en nuestros votos: ya a través de la tinta indeleble, que en algunos procesos no funcionó; ya mediante un registro electoral inauditable de manera independiente, migraciones electorales inconsultas, prórrogas injustificadas de la jornada electoral, entre muchas otras artimañas poco o nada apegadas a la Ley.
Adicionalmente, el amedrentamiento a los empleados públicos ha sido práctica continuada desde las elecciones presidenciales del año 2006 (alertado en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre ese proceso electoral); la desigual propaganda de los candidatos oficialistas respecto a los candidatos opositores en cada campaña electoral; la designación por parte del CNE de coordinadores de centros de votación, quienes se atribuyen funciones supra-legales en desmedro de aquellas fijadas por ley a los ciudadanos; hasta la concreción de la tradicional amenaza: “acta mata voto”. Con estas prácticas el voto físico pasó a convertirse en un mero comprobante de una expresión popular, con el que se realiza a posteriori una verificación ciudadana –una auditoría– que no es considerada como parte del escrutinio (artículo 437 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales).
No obstante, la lucha y formación ciudadana en el ámbito electoral han logrado importantes avances. No solo permitieron resguardar el secreto del voto, al impedir que se instalaran los cuadernos de votación electrónicos pretendidos para las parlamentarias del año 2005, sino que además propiciaron que se aumentara el porcentaje de mesas a auditar en cada proceso comicial. Esto último significó que se pasara del 1% en el referéndum revocatorio presidencial del año 2004 –si bien que finalmente no se realizó según declaraciones del Dr. Ezequiel Zamora, uno de los Rectores del CNE para ese momento– al 42% en las elecciones parlamentarias del año 2005 y al 54% en las elecciones presidenciales del año 2006. Este avance significativo en la auditoría –aún cuando la misma no sea vinculante– hizo necesario que nos apegáramos rigurosamente a la metodología requerida para que se realizaran de forma correcta. A pesar de ello, en muchos centros de votación en el país se realizaron en diversas oportunidades los sorteos de las mesas que serían auditadas mucho antes de que las mismas estuvieran cerradas y sus actas impresas. En definitiva, todos estos avances dieron paso a una nueva profesión en Venezuela: la de testigo electoral.
Pese a este largo camino, las arbitrariedades y violaciones de nuestros derechos políticos fueron cada más evidentes Aún tenemos el mal sabor de las elecciones presidenciales del año 2013, cuando pese al compromiso público –una vez más incumplido– de Nicolás Maduro Moros con la comunidad internacional, fue imposible que el CNE realizará la auditoría de los cuadernos de votación frente a las denuncias sobre fraude electoral que presentaba su adversario de contienda, Henrique Capriles Radonski.
Con el tiempo, la crisis económica, política, social e institucional de Venezuela fue agudizándose de forma alarmante, hasta llegar al año 2016 cuando el CNE –único poder público que podía brindar una salida electoral–, decidió obstaculizar y en la práctica impedir la realización del referéndum revocatorio presidencial ese mismo año. Con ello incurrió en la violación de los derechos de millones de venezolanos, en particular los establecidos en los artículos 5, 6, 63, 64, 72 y 293 de la CRBV, así como los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Con tal decisión se limitó cualquier posibilidad de resolución de la crisis nacional por la vía electoral. De acuerdo con la Asociación Civil Súmate, el CNE y los tribunales penales sin competencia en materia electoral, violaron el derecho a revocar de los ciudadanos (http://www.sumate.org/monitor/72/ELECTORES.htm)
Aunado a lo anterior, en este año 2017 el CNE aceptó sin precondiciones una solicitud emanada del régimen de Nicolás Maduro Moros destinada a elegir una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, que no cumplía con las exigencias establecidas para su convocatoria (en franca violación del artículo 347 de la CRBV). Así, incorporó dentro del proceso unas bases comiciales violatorias de los principios fundamentales de la Carta Magna, al tiempo que desafió a los venezolanos que se declararon en desobediencia civil y que a viva voz rechazaron la realización de ese proceso comicial inconstitucional y que desarrollaron la más extraordinaria gesta de lucha ciudadana por la libertad que se haya producido en los últimos tiempos en el país. Haciendo caso omiso de ello, el CNE organizó y ejecutó un proceso electoral acompañado de una intensa represión hacia los ciudadanos que protestaban por la realización del mismo.
Fue así como el 30 de julio de 2017 se llevó a cabo la votación – no elección, dado que los candidatos eran todos de una misma tendencia – de una “Asamblea Nacional Constituyente”, ANC. Esta fraudulenta ANC no solo es repudiada por millones de venezolanos y muchas organizaciones políticas del país, sino que ha sido desconocida por más de 40 países de todo el mundo. Las cifras “oficiales”, según el CNE, indican que habrían sufragado un poco más de 8 millones de electores.
Los venezolanos gritaron fraude. Destacan particularmente los señalamientos de uno de los rectores del CNE, Luis Emilio Rondón, así como los de la propia empresa proveedora de la plataforma del sistema electoral, Smartmatic. Esta última informó al mundo que se habían adulterado los resultados, confirmando las sospechas ciudadanas sobre el forjamiento de actas de votación en dicho proceso. Tal conducta constituye un delito electoral por parte del árbitro. La lucha de los venezolanos por demostrar que el sistema electoral no permite la realización de elecciones libres y limpias ha alcanzado su objetivo. La parcialidad del CNE con el régimen totalitario que impera en el país y la posibilidad de manipulación de todo el sistema electoral, incluyendo particularmente los resultados, han quedado al descubierto ante el mundo entero. La última careta de democracia en Venezuela ha caído.
Ya no hay nada que demostrar, todo está claro. Es hora de avanzar hacia unas elecciones libres y limpias en Venezuela. Estas se lograrán a través del nombramiento de un nuevo CNE por parte de la Asamblea Nacional, así como el regreso a un sistema de conteo manual del cien por ciento de los votos. Sin duda, aún faltan muchas caretas del régimen por caer… y caerán. Sólo que a partir de ahora cada una de ellas sumará a la causa de la libertad.
¡Vamos, Venezuela, es hora de avanzar!