Fracción parlamentaria de Vente Venezuela plantea 5 visiones de lo que debería ser prioridad para el Parlamento
El diputado por el estado Monagas considera imprescindible que el Poder Legislativo dé un voto de censura al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, por los “precedentes terribles en el comportamiento de este ciudadano en el ejercicio de otros cargos”
(Caracas. 08/02/2017) Este martes, el diputado Juan Pablo García, jefe de la Fracción Parlamentaria de Vente Venezuela, entregó una carta al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, en donde hace una serie de planteamientos que considera “deben ser prioridad” para el Parlamento.
“Nos preocupa que a escasos días de cumplirse el plazo de 30 días para la convocatoria de elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral [CNE], la AN no esté exigiendo al CNE cumplir su función y convocar de inmediato dichos comicios”, reza el escrito.
Instó a la AN a accionar mecanismos de denuncia nacional e internacionalmente en donde se deje claro que ya Nicolás Maduro no es presidente. Asimismo, exhortó al Parlamento a nombrar de forma inmediata a los cinco rectores del CNE, argumentando que “a dos de los rectores principales y sus suplentes se les venció el plazo el año pasado y otros tres rectores fueron nombrados bajo el argumento de omisión legislativa, que hoy no tiene ningún asidero”.
García consideró imprescindible que el Poder Legislativo dé un voto de censura al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, por los “precedentes terribles en el comportamiento de este ciudadano en el ejercicio de otros cargos”, además de las interrogantes por su posible doble nacionalidad.
“Corresponde de inmediato que el Parlamento active el procedimiento para la designación de los nuevos magistrados”, dijo en relación a los denominados “magistrados express” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nombrados de forma “irregular” en 2015, y que la AN en julio del año pasado anuló.
El parlamentario emplazó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a que cumpla con sus obligaciones constitucionales y desconozca cualquier mandato que contraríe los derechos humanos.
