Ante la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, la organización Vente consignó una solicitud formal para que se investiguen las presuntas violaciones de los derechos humanos de los electores venezolanos, antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, como lo contempla la Constitución, así como que se acate el artículo 156 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), el cual contempla la auditoría de materiales, como los son las papeletas y cuadernos electorales.
José Gregorio Solórzano, coordinador de Vente, junto con miembros de la organización, explicó que en el documento se plasmó lo sucedido, por cuanto “no garantizaron nuestra libertad del voto en todas las etapas del evento electoral, ya que hubo una serie de denuncias ciudadanas ante los organismos del Estado sobre violaciones de los derechos de electores y a los testigos de una fracción política”, de estas mil quinientas se registraron en Táchira, entre el viernes 12 y domingo 14.
Además recordó Solórzano que en días posteriores se suscribió ante las oficinas regionales electorales un documento en el cual se exigía la auditoría electoral que, tal y como está establecido en el artículo 156 de la Lopre, “obliga a que el árbitro electoral permita auditar todo el material electoral utilizado durante el evento. Se trata de la verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en la ejecución de distintas fases del proceso electoral”, aseguró.
Sin embargo, “esto ha sido desconocido, primero por los rectores del CNE y luego por la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, quien dijo que las papeletas no tenían validez, cuando la ley dice que sí, pues se trata de un recurso material”.
— Solicitamos a la Defensoría se restituyan los derechos humanos de todos los venezolanos, sin importar por quién hayamos votado.
Las auditorías fueron negadas, puesto que las autoridades del CNE no se pronunciaron al respecto, por lo tanto nos queda el recurso jerárquico de impugnación de las elecciones ante el TSJ, de la Sala Electoral hay un lapso de quince días hábiles para que den respuesta— indicó.
Destacó Solórzano que “esto es un paso previo, porque las violaciones de derechos de lesa humanidad no prescriben. Tenemos que agotar las instancias nacionales, antes de recurrir a las internacionales. Pero, además, este no es un asunto de un ciudadano, ni de un partido político, es una obligación de todos los ciudadanos que vivimos en esta patria”. (La Nación)