Uno de los tantos males que ha sembrado la perversa justicia roja es la duda del ciudadano común sobre si algunos acusados o sentenciados son inocentes o culpables. Jueces y fiscales, muchos de ellos profesores universitarios, han violado las normas elementales del Derecho haciendo gala de una gran deshonestidad intelectual.
Nunca hemos avalado la solidaridad automática por el hecho de que el enjuiciado sea contrario al régimen. En ciertos casos es evidente que las pruebas esgrimidas por la fiscalía y aceptadas por los jueces para condenar a quienes consideran no afectos a la revolución no tienen ninguna base, pero a veces no es fácil establecer la verdad.
Por conocer los expedientes y de la lectura de las sentencias no nos queda la menor duda de que el general Francisco Usón no cometió ningún delito. Tampoco los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y efectivos de la Policía Metropolitana, ya que las balas no fueron disparadas por las armas que portaban y las trayectorias de las mismas no se corresponden con la ubicación de los sentenciados e incluso Simonovis no estaba donde ocurrieron los hechos. El caso de Oscar Pérez, hoy en el exilio, fue insólito por el descaro de las imputaciones. Igualmente sin base fue la sentencia a Carlos Ortega y las imputaciones a los oficiales y civiles que tuvieron que irse al exterior. A mis ocho compañeros de Gente del Petróleo les dictaron orden de captura con los mismos argumentos que han podido enjuiciarnos a los miles de trabajadores despedidos ilegalmente de Pdvsa.
En otros casos pueden surgir dudas, pero es evidente que en unos hubo manipulación muy burda de testigos y en otros se violaron los derechos a la debida defensa. Esta situación hará que cuando se recupere la democracia los sentenciados tendrán que ser puestos en libertad, aunque algunos quizá no sean inocentes.
Estas reflexiones vienen a colación por los casos recientes de los diputados Juan Carlos Caldera y de María Aranguren. Caldera no se apropió de dineros públicos, aunque cometió el grave error de aceptar recursos de alguien de mala reputación. Su posible enjuiciamiento obedece al deseo del régimen de intentar perjudicar a Primero Justicia. No cometió delito, pero fue sano que Capriles lo apartara. En cuanto a la señora Aranguren no sabemos si es inocente o culpable. Los rojos necesitan separarla de la Asamblea Nacional, por lo que tenemos muchas dudas sobre si realmente hay méritos para enjuiciarla y por lo pronto hay que presumir que es inocente. Otro caso que no podemos obviar es el de Baduel, quien persiguió injustamente a oficiales cuando fue comandante del Ejército y ministro de la Defensa, pero que desde hace tiempo ha debido estar en libertad porque se le violaron sus derechos a la legítima defensa y por haber cumplido gran parte de la condena.
Como en botica: Muy lamentable el fallecimiento del distinguido y apreciado periodista Oscar Yanes. La «camarada» Dilma no cree en la tontería de que la soberanía está en poseer una mayoría accionaria en empresas mixtas petroleras y para explotar los grandes depósitos costa afuera Petrobras participará solo con el 40% y el resto Shell, Total y las chinas CNPC y CNOOC. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!