Las condiciones anunciadas por el CNE para la recolección de las manifestaciones de voluntad de cara a la convocatoria al referéndum revocatorio son desde el punto de vista legal, técnico y hasta moral, inaceptables.
La decisión de tener que cumplirse la recolección del 20 % de firmas en cada Estado y no a nivel nacional, tal como lo exige el artículo 72 de la Constitución, pone tal condición al margen de la norma. Aparte de ello, el número de puntos de recolección, la ubicación de los mismos y el horario de su funcionamiento, en varios estados, constituyen muros prácticamente imposibles de salvar.
A modo de ejemplo veamos el caso del estado Delta Amacuro. El número de firmas a recaudar en éste estado debe ser de 23.072. Si en las elecciones del pasado 6 de diciembre la oposición logró 27.087 votos, estamos hablando de la necesidad de movilizar al 86 % del electorado opositor y a partir de ahí esperar cuántas firmas pasarán el filtro de la revisión técnica del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, donde debemos centrar nuestra atención, es en el anunció del CNE, al dejar bien claro que de cumplirse la recolección del 20%, el referéndum revocatorio se materializaría en el 2017. Es decir, se podría cambiar el rostro del dictador pero seguiría la dictadura.
En estas difíciles y decisivas horas para el futuro de la República, corresponde a quienes conducen la alianza opositora y que adversan a un régimen sustentado durante 17 años sobre la base de la mentira y el oscurantismo, hacer el inaplazable ejercicio de la verdad y transparencia que la grave situación demanda.
@JoseAVega