Pensionados y jubilados concurrieron a la llamada Plaza de la Moneda, a un costado de la sede del Banco Central de Venezuela (BCV), para dejar constancia de sus inconformidades. Objeto de una ilimitada campaña de manipulación propagandística en el pasado, como si hubiese sido una graciosa concesión del chavismo, en lugar del justo reconocimiento de un Estado al que incansablemente han cotizado y tributado, ahora fungen como terribles enemigos en el marco de la pregonada guerra asimétrica.
Apenas llega a dos dólares el ingreso real que perciben, a una edad que la suponemos presta para la merecida tranquilidad, respeto y sosiego que, además, se suma a las truculencias más variadas del procedimiento bancario. Ni siquiera disponen de la atención indispensable, de cajeros automáticos, o de la reposición de sus ta jetas, sin entender todavía el intrincado fraude criptomonetario del que han sido víctimas.
La primera noticia que recibimos del evento, fue la corajuda denuncia de la periodista Esteninf Olivarez (https://twitter.com/VzlaUfo/status/1286333743326781440), colocada en perspectiva por PROVEA, como una evidente violación de los derechos humanos (https://twitter.com/_Provea/status/1286330572852404226). Nada casual, por estos días que corren, así como los más jóvenes – al otro lado de la ciudad – fueron desalojados por la fuerza de una residencia aun siendo partidarios del régimen (https://twitter.com/luisbarraganj/status/1287076182865981440), a los más viejos – al otro lado – se lo hicieron nada más y nada menos que de un espacio público. No obstante, es necesario consignar dos notas que caracterizan al régimen socialista.
La una, obvia, es el desconocimiento de los más elementales derechos constitucionales a la protesta de un grupo etario tan pacífico, por definición y condiciones físicas, que no encuentran formas, maneras, medios o mecanismos legítimos para hacerse escuchar por quienes juegan con su suerte. Desafiando la pandemia, se atreven abierta y frontalmente a manifestar cívicamente una situación agravada al extremo, sin posibilidades reales de atención económica y hasta sanitaria, condenados a la búsqueda del medicamento incomprable.
La otra, no menos obvia, el ejercicio elocuentemente asimétrico de la represión inmediata y sin el menor rubor, por agentes de la Policía Nacional (PN) y de la Guardia Nacional (GN), quienes le abrieron el paso a los colectivos armados para empujar y golpear a los ancianos, disolviendo brutalmente la protesta, prepotentes y aventajados de una guerra social. Un vecino del lugar, quien casualmente lo transitaba para comprar pan, nos contó los pormenores de la clara demostración de una indecible brutalidad, por cierto, propia de los regímenes inequívocamente comunistas, que apuestan por una redefinición de la demografía que beneficie a las camarillas del poder.