La cuenca del río Caroní está ubicada en el estado Bolívar, región Sur de Venezuela tiene una superficie de 92.423,36 Km2 y está habitada por población criolla e indígena. Cuenta con importantes recursos estratégicos: hídricos, hidráulicos, biodiversidad, mineros, energéticos, pesqueros, forestales, turísticos y geopolíticos. Además, posee una significativa infraestructura urbana, de servicios, industrial e hidroeléctrica, que aporta el 70% de su energía a Venezuela, lo que le confiere a este espacio una importancia estratégica regional, nacional e internacional.
Ante la diversidad de recursos y usos, este territorio está conformado y amparado por diferentes Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE); cuya ordenación y gestión, implica restricciones de ocupación, uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. Entre las áreas, se pueden destacar las siguientes: Zona Protectora de Suelos, Bosques y Aguas Sur del estado Bolívar; el Parque Nacional Canaima; los Monumentos Naturales: Cadenas de Tepuyes Orientales y Sierra Marutaní; las Reservas Forestales: La Paragua, El Frío y San Pedro y la Reserva Nacional Hidráulica Río Icabarú; Zona de Seguridad Fronteriza del estado Bolívar.
A pesar de estas consideraciones, la cuenca del río Caroní ha sido afectada por diferentes usos y actividades, tales como: quema, deforestación, explotación maderera, turismo indiscriminado y la actividad minera, no compatibles con los objetivos de creación de las ABRAE antes descritas y la fragilidad de los ecosistemas de este importante territorio.
La actividad minera en la cuenca del río Caroní, se desarrolla fundamentalmente en gran parte de la Zona Protectora del Estado Bolívar (Sur Este y Oeste de la cuenca) y Sur Oeste del Parque Nacional Canaima. Esta actividad es realizada de forma ilegal (principalmente por las mafias del Régimen) y se extiende de forma dispersa, desde las cabeceras de la cuenca hasta la parte baja del río Caroní, siendo afectadas las subcuencas de los ríos La Paragua, Ikabarú, Uaiparú, Caroní, en todo su desarrollo y fundamentalmente, los ríos: Urimán, Acanam, Capui, Asa, Oris, Chiguao, Guarí, entre otros. Entre los minerales metálicos más explotados, se destacan el hierro, oro y diamante, mientras que el aprovechamiento de los minerales no metálicos está dirigido a la extracción de arenas, gravas, caolín y rocas ornamentales.
Esta actividad, ha traído como consecuencia, la destrucción de los recursos naturales tanto en la tierra como en el lecho de los ríos y quebradas, mediante la utilización de técnicas y tecnologías de maquinaria pesada, motores hidráulicos y dragas tipo misil, que implican procesos de deforestación de las principales subcuencas (que alimentan, aguas abajo el sistema de Guri), movimientos de tierra y utilización de sustancias tóxicas como el mercurio; pérdida de recursos de flora y fauna, conflictos sociales y afectaciones culturales en tierras y comunidades indígenas.
La minería en la cuenca se puede considerar como una actividad no sustentable en el tiempo, debido al carácter finito del recurso mineral y porque sus prácticas implican daños irreversibles al ambiente, asociados a erosión de los suelos, aumento de sedimentos por escorrentía, contaminación de las aguas, aumento de enfermedades de transmisión, pérdida de poblaciones de especies, pérdida del valor paisajístico, entre otros. Representa una actividad que genera beneficios económicos a corto y mediano plazo a las mafias del régimen y consecuencias negativas para la mayoría de los Venezolanos y las próximas generaciones, que pueden ver comprometido el estado de conservación y la disponibilidad de recursos de la cuenca, como principal fuente de energía hidroeléctrica para el país y reserva de agua dulce para el abastecimiento de la población regional.
Ante esta problemática, la salida del régimen resulta fundamental, para fijar las bases de una política de gestión del recurso hídrico en la cuenca en el corto, mediano y largo plazo, articulado con un plan nacional y una imagen objetivo de país en materia de ordenamiento territorial, que permita ejecutar las directrices y lineamientos establecidos en los instrumentos legales de regulación de uso (PORU) de las ABRAE, que conforman este espacio, vinculando a las instituciones públicas y privadas, universidades, comunidades, entre otros actores, en materia de seguridad y guardería ambiental, ambiente, turismo, ingeniería y desarrollo social en todos sus ámbitos.
En tal sentido, la política ambiental que debe plantarse en los próximos tiempos de libertad democrática, es que el área que ocupa la cuenca debe ser considerada bajo la categoría de alta preservación, debido a la presencia de características ecológicas especiales, nacientes de importantes cursos de agua (vitales para la población regional y nacional), reservas de biosferas, hidráulicas y de ecosistemas frágiles, donde se debe potenciar el uso hidro energético y turístico (turismo de naturaleza) como las principales actividades económicas, que garantice, a su vez, la permanencia de las comunidades indígenas presentes. Urge la salida del régimen y sus mafias.
Carlos Narváez
Coordinador de Gestión Pública en Vente Distrito Capital
Twitter: @narva_ernesto