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Décadas atrás, los ascensos superiores debían pasar por el escrutinio y la aprobación del parlamento y, por muchas fallas que se contaran, hubo la oportunidad de cuestionar el propio criterio y método de selección. Ahora, competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional, o mejor, de quien funge como su Comandante en Jefe, debemos resignarnos a la revelación de las nuevas promociones, negada a la propia opinión pública cualquier polémica.

Rara yunta cívico-militar, insólita carta de lealtad por delante, Maduro Moros es quien únicamente rúbrica el ascenso militar. No resulta difícil imaginar el procedimiento que, yendo más allá de cualesquiera méritos militares, premia la más directa, manifiesta e inequívoca sujeción partidista, violentando el artículo 328 de la Constitución de la República.

Los viejos críticos del más modesto ascenso que pasaba por el Senado, pontificando  un anti-militarismo de cuño casi existencial, ahora aplauden o callan, cómplices ante la modalidad del siglo XXI. Cantan a cualquier hecho militar, como ocurrió en las jornadas represivas de 2017, aunque los disparos eran contra una masa pacífica de jóvenes que protestaron al régimen negador de libertades y lisonjero de la catástrofe humanitaria escenificada, nada más y nada menos, que en un país otrora potencia petrolera.

Nadie tiene ocasión de disentir, y si ese fuese el caso, señalado de aclarar situaciones. Sólo quedan las redes sociales y el inmenso riesgo de emplearlas, como ocurre con la valiente Rosa Orozco: Hoy fue ascendido a General en Jefe, el asesino de mi hija, Frank Osuna. Es inaceptable. No solo sigue en libertad, sino que es premiado y ascendido. Pero no descansaré hasta conseguir justicia en su caso y en el de todos los caídos en Venezuela.

Caso aparte, el del tristemente célebre coronel Lugo, subido al generalato, quien violó la Constitución de la República y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en varios sucesos acaecidos en la sede parlamentaria, escasamente se conoce de las interioridades y exterioridades de la entidad castrense, como el de los méritos que realmente acumulan sus integrantes. Excepto, la obligada y enfermiza repetición de consignas.

Curiosamente, el constituyente de 1999, consagrando la competencia exclusiva de la Fuerza Armada en relación a los ascensos, dejó una puerta abierta al ordenar una ley que regulase la materia. Vale decir, a pesar del predominio oficialista de una Asamblea Nacional Constituyente hipotecada por Chávez Frías, integrada por militares retirados, unos bulliciosos y otros más discretos, el artículo 331 constitucional pasó, reconociendo una mínima intervención de la civilidad.

En una de nuestras modestas intervenciones en la plenaria de la Asamblea Nacional, llamamos la atención sobre esta inocultable deuda legislativa. Las relaciones civiles – militares, merecen otro signo, otro tratamiento, otra significación.