La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio responsable y oportunamente planteó iniciar el debate sobre la consabida decisión del legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la pasada sesión de una Asamblea Nacional (AN) que no podía decirse ajena a un hecho público, notorio y comunicacional. Consignando copia de la decisión, con el aplomo y la prudencia que reclamaron las circunstancias, el diputado Juan Pablo García propuso la modificación del orden del día, pues suele ocurrir, ni siquiera consultan con antelación el temario de la reunión.
Valga la digresión, siendo la Fracción 16J una bancada, agrupación, bloque o fracción legítima, práctica universal de todo parlamento democrático, expresa y confesamente ha sido excluida de la ahora llamada junta directiva ampliada de la AN, como puede constatarse en el comunicado mediante el cual, por fin, se da por notificada por la máxima instancia judicial de la República. Es demasiada la arrogancia de los partidos que incurrieron en el dislate del diálogo dominicano, por citar un caso, resistiéndose al esfuerzo desprendido, eficaz y compartido de oponerse al régimen, desarrollando – además – las encontradas agendas de sus corrientes internas.
Por lo pronto, lo más importante es preguntarse sobre la disposición de enjuiciar a Nicolás Maduro, cuya autorización es requerida, no faltaba más, por todo el país que sabe muy bien de las herramientas constitucionales disponibles, como alguna vez la hubo con el revocatorio que tan injustamente malbarataron. Y, más aún, la de reconocer a cabalidad al TSJ que la AN, no otra instancia, nombró, pues, nadie ha de dudar sobre la integridad de los magistrados que cumplieron con todos los extremos legales para su nombramiento.
Existe el suficiente soporte jurídico para el procesamiento del abusivo ocupante de Miraflores, importando la deliberación abierta y sincera para una decisión esperada por la ciudadanía tan deseosa de una transición que obliga a la profunda y corajuda comprensión del momento histórico. Ha de reivindicarse la AN, reivindicando las exigencias de una vasta mayoría de venezolanos, renunciando a las maniobras de dilación, a los escarceos de una resignación inaceptable, e – incluso – a las tentaciones con las que suele emboscar la dictadura a quienes creen todavía en un ridículo estatus nobiliario, porque la curul ganada en 2015 fue para la lucha tenaz por alcanzar las libertades públicas hoy conculcadas.
La oportunidad se ofrece en el mes aniversario de las protestas descaradamente reprimidas en todo el país, las que no cupieron en las autopistas por 2002 o 2017, en un mismo escenario que dio cuenta de las extraordinarias mayorías que jamás tradujo el organismo electoral, trampeando sus resultados. Por cierto, cercanas a la sede de la AN, todavía hay paredes de la ciudad capital que exhiben la cobarde amenaza de muerte cumplida de los grupos paramilitares, de febrero-marzo de 2017 que, al parecer, todavía intimidan a quienes están llamados a autorizar el enjuiciamiento del meritorísimo dictador.
Luis Barragán
@LuisBarraganJ